Restitución internacional de menores: Inexplicable demora en la reglamentación

Girl crying

En los últimos tiempos han tomado estado público varios desgarradores casos de chicos – de ambos sexos – separados de sus madres y enviados a sus países de origen por disposición de la Justicia luego de cinco, seis o más años de residir en la Argentina.

Se trata de menores que han sido sustraídos ilícitamente de su  lugar de residencia habitual por algunos de los padres – por lo general la madre que huye del maltrato doméstico – sin consentimiento del otro padre, y traídos a la Argentina donde se desarrolla el proceso denominado “de restitución internacional” que es iniciado en Cancillería o en sede judicial por el padre que permaneció en la residencia anterior y que tiene su fuente jurídica en el llamado Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores de 1980.

Por lo general este procedimiento dura varios años durante los cuales el chico va echando raíces en la nueva residencia, tras lo cual la Corte ordena su regreso a despecho de las normas del Convenio que establecen que ello procede “salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente”

Ninguna persona con un mínimo de razonabilidad puede sostener que hace falta demostrar que un chico que estuvo cinco o seis años en un lugar “ha quedado integrado a su nuevo ambiente”, salvo la Corte Suprema por supuesto.

De esta manera se tortura doblemente al niño, primero sacándolo de su residencia habitual y luego obligándolo a volver a ella transcurridos varios años cuando ya todos los lazos con el país de origen han sido cortados.

Cabe destacar que el procedimiento fijado en el Convenio internacional establece plazos breves para resolver la cuestión, lo que es muy razonable porque entonces el menor no tiene tiempo material de integrarse y el regreso es menos traumático.

Pero las normas procesales generales de la Argentina no están adaptadas a este procedimiento especial sumarísimo y por eso su resolución demora varios años perjudicando gravemente al o los infantes. Por ello es que se requiere un reglamento procesal especial que respete los breves tiempos que fija la Convención, pero a pesar de los repetidos discursos, seminarios y severas admoniciones de la Corte una misteriosa fuerza coercitiva frena los intentos de sanción una y otra vez.

Como ocurre en varios otros campos del acontecer social, dirigentes políticos, jueces, funcionarios, legisladores y periodistas se llenan la boca con los derechos de niños y adolescentes en cuanta oportunidad de boconear se les presenta, pero a la hora de los hechos concretos todo queda en la formulación de buenas intenciones.

Preocupado por esta cuestión Pedro Braillard Poccard presentó en noviembre de 2016 un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento y hacerlo compatible con el Convenio de La Haya, pero por la tradicional indolencia radical u otra misteriosa razón desconocida el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto  Ing. Julio Cobos lo tiene en el freezer desde esa época, conducta que algunos mal pensados adjudican al objetivo encubierto de que de nuevo caduque a fin de año y todo quede en aguas de borraja.

Si bien este es un año electoral en el que la actividad parlamentaria es mínima, Cobos, si tuviera un poquito de respeto por el sufrimiento de esos niños, quizás podría hacer un esfuerzo e impulsar el tratamiento del proyecto en trámite a fin de colaborar en la solución de este doloroso tema que desgarra la vida de seres humanos indefensos, salvo que como algunos piensan haya oscuros intereses que hacen de la mora un pingue negocio para ciertos abogados y funcionarios que lucran con el dolor de seres indefensos ayudados voluntaria o involuntariamente – eso no hace a la cuestión – por legisladores como el Ing. Cobos que sin motivo retrasan la solución.

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Las paso son sólo una parte del problema

Por Luis Orea Campos

Desde que el Informador Público puso sobre el tapete la cuestión de la evidente inutilidad de las PASO se han sucedido en los días posteriores una serie de declaraciones del más alto nivel político – repicadas por los medios – a favor y en contra del mecanismo electoral inventado por Jorge Landau a pedido de Néstor Kirchner después de la derrota de 2009.

Hay quien todavía sostiene, como José Di Mauro desde el Parlamentario, que tan inútiles no son porque se han utilizado mucho en el interior del país. Sin embargo de tan respetable opinión, cabe señalar que el declamado objeto de la ley 26.571 no era que sean utilizadas sino que sirvieran para oxigenar el sistema de partidos, algo que no sucedió ni remotamente.

Tal fracaso no tiene nada de extraño desde que la finalidad real de este esperpento era establecer una especie de corral para que nadie pudiera escamotarle votos al PJ corriendo “por afuera” – como le pasó a Kirchner con el inefable Sabattella en las legislativas de 2009 – so pena de quedar aislado.

Por diferentes razones e intereses particulares partidos políticos, jueces, periodistas, medios y funcionarios compraron el engendro de la ley 26.571 pensando muchos de ellos con supina ingenuidad que contribuiría sustancialmente a reducir el número de partidos y depurar el espectro electoral lo que por supuesto objetivamente no ocurrió.

Como sucede a menudo en este país las discusiones sobre la efectividad de las PASO para “democratizar la representación política” pueden terminar tapando el verdadero problema que es mucho más amplio que esta especie de ley de lemas sui generis nacida de la mente turbulenta del desaparecido ex presidente.

En efecto, es todo el sistema electoral y partidario el que debe ser revisado, previa derogación de la totalidad de la ley 26.571, no sólo la parte de las PASO, porque como ya se ha señalado antes, la salud de las democracias depende de ese mísero detalle técnico llamado sistema electoral.

Esta tarea comprende las leyes 23.298 orgánica de los partidos políticos, 26.215 de financiamiento partidario, 19.945 Código nacional electoral y la vetusta 19.108 de Justicia Electoral.

Los tímidos retoques ensayados sin éxito por Adrián Pérez no conducirán a resultado efectivo alguno porque este tema ya no admite más parches ni experimentos de novatos pomposamente bautizados con el remanido latiguillo de “reforma política”, denominación ésta repugnante a la razón desde que la política no admite reformas por decreto sencillamente porque es la resultante de los valores imperantes en una sociedad en un momento histórico dado.

Es necesaria una especie de “Corpus Iuris Comitiae” que en un solo digesto aborde todos estos temas en forma sencilla, coordinada y ajustada a la realidad social y política de esta época, dejando de lado delirios regulatorios de jueces y académicos que sólo buscan incrementar su poder o su fama postulando un avasallamiento de la autonomía de los partidos so color de la protección de la institucionalidad.

Cuando la dirigencia política resuelva tomar el toro por las astas y simplificar la maraña regulatoria derivada de un pésimo hábito argentino como es la legiborrea los partidos y el sistema electoral podrán comenzar la marcha hacia un mecanismo estable y duradero de reproducción de autoridades que no necesite cada cierto tiempo de “reformas políticas” y resista los arranques experimentales de improvisados alquimistas que pretenden ignorar los patrones sociológicos que guían la conducta social en el campo de lo político.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.S.O: La gran estafa

Por Luis Orea Campos

Es difícil de creer que en un país poblado por vivillos, aventureros y expoliadores profesionales nadie se haya dado cuenta en seis años que las PASO, ese engendro electoral nacido en 2009 de la obsecuente creatividad de Jorge Landau, es otra estafa al pueblo perpetrado por la maraña de intereses retorcidos que se entrecruzan en ese verdadero pantanal en que se ha convertido la política argentina.

El eximio pensador español José Ortega y Gasset había llegado a la certera conclusión – luego de la experiencia adquirida en su breve paso por la política – de que la salud de las democracias, cualquiera sea su forma, depende de un mísero detalle: el sistema electoral.

A pesar de que la historia argentina exhibe reiteradas muestras lo acertado de su filoso pensamiento – la última fue el fraudulento “triunfo” de Alicia Kirchner por medio del sistema de lemas – esta profunda sentencia no ha entrado en la mollera de la dirigencia, la justicia y el cuarto poder bloqueada, claro está, por los intereses sectoriales de cada grupo de interés y se sigue estúpidamente utilizando una herramienta que no sirve para otra cosa que llenar los bolsillos de encuestadores, consultoras, periodistas, punteros, empresarios gráficos etc. amén de justificar la existencia de una justicia electoral cada vez más ávida de poder.

Desde estas páginas se ha insistido en más de una oportunidad que la malhadada ley 26.571 el invento más pernicioso surgido de la codicia de poder de Néstor Kirchner debía ser derogada sin más trámite en su totalidad, pero el inefable Adrián Pérez timonel de una supuesta “reforma política” que debió haber empezado por allí prefirió nadar a favor de la corriente y dedicarse a aspectos formales como la boleta única electrónica y otras cuestiones que por supuesto eran más taquilleras para él y otros en términos de promoción mediática.

Una justicia electoral que trabaja año de por medio, grandes medios de comunicación, periodistas ignorantes, opinólogos de ocasión, empresarios gráficos, ratas de gabinete, y académicos que nunca vieron de cerca ni la puerta de un comité, entre otros, aprovecharon el cebo lanzado por Kirchner y celebraron una alianza tácita para impulsarlo en beneficio propio con el supuesto objetivo de “oxigenar el sistema”, liquidar a los partidos chicos y orientar a la opinión pública hacia un bipartidismo tipo americano.

Tampoco la sociedad argentina aceptó ingenuamente participar de este experimento multipropósito, porque como decían en una famosa película “es cierto que los políticos mintieron al decir que hacían el bien pero el pueblo también mintió al decir que les creía”. Todos complotados para gastar miles de millones en algo que todos sabían que era absolutamente inútil.

Ahora el conductor estrella de TN Nelson Castro se horroriza por el tremendo gasto estéril que implican las PASO, le costó seis años llegar a la conclusión de que objetivamente el invento fue un rotundo fracaso y perdura sólo por la indiferencia de la gente y los intereses de los vivillos de siempre porque en rigor de verdad ya nadie cree que las famosas PASO sirvan para la “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” como reza el ampuloso título del ratón que parió la montaña kirchnerista.

Ninguno de los supuestos males que iba a corregir la ley 26.571 sufrió el menor sobresalto y siguen todos vivitos y coleando. La ley de hierro de la oligarquía sigue funcionando a despecho de las altisonantes declaraciones de democratización y de las disquisiciones de sesudos ensayistas de doctrina que pierden lastimosamente su tiempo analizando las causas del fracaso.

Mucha de la culpa de esta pérdida de tiempo la tienen los jueces electorales que ávidos de más protagonismo se dedicaron a utilizar la legislación para convertirse en los dueños del sistema de partidos con el resultado de que hoy ya los partidos son poco menos que ficciones jurídicas  que se usan según las necesidades del cliente, a tal punto se ha prostituido al extremo el funcionamiento de estos “instrumentos fundamentales para la democracia” según reza la retórica constitucional.

El partido que recibe los fondos públicos de la DINE es un milagro de Dios, la mayoría no ven un peso porque están llenos de multas por H o por B mejor sería que se retire todo apoyo estatal y se deje que cada uno se arregle por su puño no cambiaría mucho la situación porque hoy la lista de los multados es más larga que la esperanza de los venezolanos

El partido justicialista, sin duda el más importante del país, es una entelequia. Sus dirigentes sólo son nombres en una planilla. Una dirigencia estupefacta por la dinámica política no registra los cambios que han introducido a caballo de los avances tecnológicos y  todo se reduce a romper la piñata para ver que caramelo se puede atrapar en la rebatiña. ¿Esto es política?

Salvo dos o tres casos puntuales el resto de las elecciones internas abiertas fue un fiasco total donde el dedo del que tiene los fierros pone los candidatos a su gusto y paladar y lo demás es puro cuento como dice el tango. Si en verdad hay ánimo de corregir los desbarajustes que dejó el cristinismo es indispensable empezar por el principio y derogar la ley 26.571 en su totalidad porque no tiene nada rescatable y volver al principio para elaborar un sistema racional y ajustado a nuestra realidad.

Vale decir que la cuestión pasa por que la sociedad asuma en serio que el problema de la política ya no pasa –  ni nunca pasó –  por la dispersión de la representación política ni por la atomización del espectro partidario sino por la racionalidad y el altruismo que falta en todo el arco político donde nadie piensa en la verdadera función del Estado y de la política sino en aniquilar al adversario y usufructuar las mieles del poder por el poder mismo.

Por eso la opinión pública debe exigir el final de esta gran estafa llamadas PASO y no creer en fatuas proclamas de ocasión proferidas por hábiles declarantes hasta que se anuncie la derogación total de la ley 26.571.

Los partidos políticos y el inútil tutelaje estatal

 

Desde hace mucho tiempo hay en ciertos cenáculos académicos, parlamentarios y judiciales una tan extendida como infundada creencia de que es posible convertir a los partidos políticos en una especie de templos de civismo mediante un molde jurídico ideal cimentado en tan profusas como ineficaces regulaciones legales de la actividad partidaria para así satisfacer algunas tan legítimas como líricas aspiraciones de una opinión pública descreída de las instituciones políticas.

Tal concepción parte de una anacrónica visión autoritaria que pone al Estado – a través del poder judicial – como un vigilante cuestor del cumplimiento de reglas excesivas que no hacen sino entorpecer la vida partidaria y desnaturalizar  la esencia de ese instituto contribuyendo así a la decadencia que lo aqueja imponiendo exigencias que no se compadecen con su virtualidad constitutiva.

No por nada el primer esbozo de encorsetamiento legal de los partidos nació en una dictadura: fue la pretensión del dictador José Félix Uriburu de perpetuarse “democráticamente” materializada por la pluma de sus amanuenses la que dio a luz el decreto 4 de agosto de 1931. Esta concepción filoleninista del partido político subsiste hasta nuestros días.

Volviendo a la actualidad, lo paradójico del caso es que esa abusiva intromisión del Estado en lo que la Suprema Corte calificó en varios fallos como “zona de reserva” de los partidos en lugar de contribuir a la maduración de esas instituciones las asfixió y redujo – justicia electoral mediante – a meras referencias dispersas y anárquicas existentes sólo en los papeles cuyos dirigentes tienen como máxima aspiración integrar alianzas lideradas por una o más figuras poseedoras de cierta expectativa pública para acceder colgados de ellas a cargos electivos o ejecutivos y sus correlativas sinecuras.

Un botón de muestra de la obsolescencia de la legislación vigente en la materia está en el inciso c) del artículo 7 de la ley 23.298 regulatoria de la actividad, el que impone como requisito para la obtención de la personería jurídico política la presentación de una “declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución” y en el artículo 22 que exige una “plataforma electoral”  para participar en elecciones.

Cualquiera que haya transitado por las estructuras de un partido político sabe que tales documentos meramente formales no reflejan ni remotamente la realidad de las agrupaciones, y por lo general sólo las leen quienes las escriben porque son una mezcla indigerible de confusas expresiones de deseo y compromisos jamás cumplidos.

Las regulaciones han desfigurado y secado tanto el tuétano a los partidos a punto tal que hoy sus esqueléticas estructuras no tienen más remedio que unirse en las llamadas alianzas transitorias hoy protagonistas excluyentes del escenario electoral gracias a que la legislación les había dejado un amplio margen de acción exento de la asfixiante regulación de los partidos mencionándolas sólo en un par de artículos, aunque hoy ya se ha inmiscuido mucho más en ellas a partir de la malhadada ley 26.571.

De fuentes intelectualoides como las mencionadas al principio de esta nota es de donde surgen  ideas brillantemente equivocadas como que la eliminación de las listas sábanas – en rigor técnico listas bloqueadas o cerradas – la reducción de la cantidad de partidos, la proliferación de controles judiciales o las internas abiertas y simultáneas van a menguar significativamente el poder de las oligocracias partidarias favoreciendo la transparencia del financiamiento y el oxigenamiento del sistema de partidos.

La realidad ya ha demostrado el rotundo fracaso de tales pretensiones pero la mentalidad analógica de los encargados de proveer al electorado de mecanismos de selección adecuados se resiste a abandonar el siglo XX  y entrar en la era digital por lo que no registra las señales de una sociedad cada vez más dinámica y decidida a defender sus propias modalidades de relación y comunicación.

Por eso se insiste en la aplicación de recetas y exigencias absolutamente ineficaces  que concluyen en una virtual apropiación de los partidos por parte del Estado a través de la proliferación metastásica de regulaciones aplicadas por jueces imbuidos de la misma mentalidad decimonónica que lejos de lograr los objetivos perseguidos lo único que han conseguido es esclerosar esas “instituciones fundamentales” poniéndolas en el camino de la extinción por inanición ideológica.

Los pretensos templos de civismo imaginados por los jueces de la CNE, el periodismo y la academia son hoy ruinas humeantes que sobreviven penosamente en lo material pero sin contenido alguno en su interior donde sólo campean la ambición desmedida, la especulación y las riñas por los cargos. De proyectos y programas nada.

 

 

Macri, su equipo y el Negro Fontanarrosa

Además de excelente persona el Negro Fontanarrosa fue un ícono del humor gráfico argentino que sigue viviendo en sus historias y creaciones, pero además será recordado en otros ámbitos por su intervención en el 3er. Congreso Internacional de la Lengua Española suceso en el cual reivindicó un verdadero hallazgo argentino, una palabra que según su propia exposición es del tipo de las que “son irremplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por su contextura física”. Se refería al término “pelotudo” tan en boga últimamente por obra y gracia de Cristina Kirchner.

Desde muy temprana edad todo el mundo en Argentina sabe que lo que esa palabra representa va mucho mas allá de lo que puede describir una mera definición, como también ocurre con sus derivaciones como “pelotudeces”, porque resulta ser que un tipo puede no ser en realidad un pelotudo, pero ello no lo exime de cometer pelotudeces.

Ello viene a cuento porque en los medios políticos y periodísticos se está cometiendo una equivocación semántica que puede inducir a confusión y retardar la salida de ciertos embrollos que complican a un gobierno que sin duda está queriendo reconstruir todo lo que una rudimentaria pareja de bribones y sus lacayos dejaron en estado ruinoso.

Se dice que Macri y quienes lo asesoran cometen errores en la gestión de gobierno. Craso error, valga la redundancia. No cometen errores, hacen pelotudeces que es muy distinto. Y  la diferencia es fatal. Porque dejar que un abogado pistola represente al gobierno en un tema tan delicado como el de Correo Argentino huele demasiado a disimulo, bajarle 20 pesos a los jubilados o hacer móvil el feriado del 24 de marzo no son errores, son reverendas pelotudeces.

¿Y dónde está el peligro? En que las sumas de demasiadas pelotudeces inexorablemente llevan a la opinión pública y política a la conclusión de que el gobierno está lleno de pelotudos que no ve mas allá de sus egos. Y su principal opositor, y a su vez principal respaldo en cuanto a la gobernabilidad, es el peronismo real ( no su caricatura kirchnerista), que perdona errores, corrupción, chambonería, traiciones y otra serie de lindezas propias del quehacer político, pero no perdona a los pelotudos, ni los respalda, ni los acompaña. Y  estas dos variables juntas en el tiempo son letales para cualquier gobierno no peronista.

Hablar ligeramente del tema Malvinas, lanzar una suba de tarifas impopular, apoyar abiertamente a Hillary Clinton y otras medidas por el estilo son errores de gestión, que ningún gobierno está exento de cometer, mucho menos con la escasa experiencia política del actual. Pero hacer pelotudeces ya entra en otro escalón sobre todo cuando se supone que la gente que está al timón sabe mínimamente lo que hace.

Paradójicamente si bien Macri y su equipo están frente a la salida pero no encuentran la puerta  – y eso puede ser catastrófico cuando la gran mayoría de la población está galgueando –  la solución es muy fácil: parafraseando al filósofo sindical Luis Barrionuevo hay de dejarse de hacer y decir pelotudeces por dos años, porque empañan los cimientos que Macri está poniendo  para construir una Argentina diferente, e integrada al mundo, sin piqueteros ni cortes, tarea que si siguen las pelotudeces puede ser abortada por gente muy jodida que las explote para crear el caos, porque como decía el Negro “el camino al cielo podría ser más corto, pero sería más empinado.”

 

 

 

 

 

Bullrich y Sarmiento:la diferencia entre decir y hacer

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Los detractores de Domingo Faustino Sarmiento – que son muchos para satisfacción de ciertos políticos que viven de la ignorancia popular – en general son personas que desconocen absolutamente la historia del prócer, pero han comprado a perpetuidad las diatribas que supuestos defensores de la soberanía nacional y popular han sembrado y siguen sembrando en una visión extremadamente reduccionista de las pasiones e ideas de ese verdadero volcán humano.

Algo así señaló el ministro de Educación Esteban Bullrich en un acto en San Juan durante el cual sostuvo, en referencia a la imagen de Sarmiento, que en el gobierno anterior hubo una actitud errada hacia el sanjuanino, al tiempo que se declaró gran admirador de Sarmiento de quien dijo “que lideró una revolución educativa que puso a la Argentina entre las 10 naciones más importantes del mundo y hoy no estamos ahí”

La pregunta del millón es: Ministro Bullrich ¿Qué está haciendo usted para volver al lugar en el que nos puso Sarmiento y donde hoy no estamos?

La reciente publicación de las pruebas PISA que desnudaron el sembradío de ignorancia y falsificación que el kirchnerismo impulsó con gran enjundia durante la década ganada al puto de lograr que la República Argentina sea excluida de ellas le dan sin embargo una valiosa pista al actual titular de la cartera en cuanto al camino a seguir para intentar por lo menos escalar un poco en el ranking desde el profundo pozo educativo en que nos sumió la chapucería kirchnerista.

En efecto, dado que Singapur ha demostrado al mundo que “se puede” ganando las tres categorías mas importantes de las pruebas por amplio spread luego de haber revistado en el lugar 20 en otras anteriores, Sarmiento, de estar en el lugar de Bullrich, ya estaría haciendo las valijas para ir a ver in situ cual fue  el mecanismo que logró este verdadero milagro e importarlo a la Argentina cuanto antes.

No se le pide que funde 800 escuelas, ni que haga lo que ya está hecho, sino simplemente que enfrente el quedantismo docente y encabece la segunda revolución educativa promoviendo nuevas formas de enseñanza que incorporen las innovaciones tecnológicas en el proceso de aprendizaje como lo hizo este pequeño país asiático que en pocos años superó a las naciones más avanzadas del mundo.

Claro que no es fácil torcer la resistencia que seguramente van a oponer maestros y profesores anquilosados en las cómodas rutinas tradicionales apoyados por los gremialistas herederos de la inefable Mary Sánchez como Baradel que en lo único que piensan es en organizar la próxima huelga y ni que hablar de gobernadores feudales que ningún interés tienen en que el soberano se eduque, se dé cuenta de la mediocridad de sus gobernantes y relacione la ineptitud de ellos con su paupérrima calidad de vida.

En fin, ministro, tiene tarea para el hogar, pero tenga en cuenta que lo que haga o deje de hacer marcará la profundidad o superficialidad de la huella que deje a su paso por un ministerio que es fundamental para enderezar esta democracia enclenque y llena de vicios que supimos conseguir. ¿Usted está dispuesto a dejar de hablar, de pensar en la senaduría de la Provincia de Buenos Aires y a ponerse a trabajar para pasar a la historia? El país se lo agradecerá.

La “Reforma política”:otro parto de los montes

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Y la montaña parió un ratón. Después de rimbombantes anuncios y publicitadas reuniones con políticos, académicos, magistrados y cuanto bicho anduviera caminando por el vecindario y pese a la garra que le puso Rogelio Frigerio se terminó en una modesta reforma electoral de apuro que nadie entiende muy bien en que consiste, salvo la meneada cuestión de la BUE (boleta única electrónica) que tampoco está muy claro cómo se va a implementar.

Ya de entrada el macrismo metió la pata con el bautismo de la nonata criatura como “reforma política”, una entelequia que sirve tanto para un barrido como para un fregado (o para entusiasmar giles) pero que en definitiva en estas circunstancias tiene tanto contenido como una bolsa de aire.

En efecto, reforma política, lo que se dice reforma política fue la que se hizo en España en 1977 para establecer las pautas de la llamada transición del dictatorial régimen franquista a un sistema democrático plasmadas en la ley 1 que fue consensuada entre todas las fuerzas políticas y quintaesencia del “Pacto de la Moncloa”. Llamar a estas veleidades de la actualidad argentina de la misma manera es como llamar joya a una bijouterie, porque para que las reformas produzcan cambios deben ser estructurales no mera cosmética.

Sin embargo, es muy bueno que aunque sea intuitivamente se haya puesto el foco en la necesidad de purificar los procesos electorales con el objetivo -todavía lejano- de asegurar que se respete la voluntad soberana del elector que es la piedra angular de toda arquitectura normativa electoral.

Es que como sentenció el tan brillante como poco conocido pensamiento de don José Ortega y Gasset luego de su paso por la Cámara de Diputados de la II República de España “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario.”

Traducido al criollo esta admonición significa que las manipulaciones del sistema electoral -que son una arraigada costumbre en este país- son las llaves que abren las puertas a la permanencia de una facción en el gobierno y semillero de deformaciones políticas que generan corrupción, nepotismo, atropello de las minorías y la consecuente deformación de todo el sistema democrático que termina convirtiéndose en una fachada al servicio del saqueo legalizado.

El tema es de vieja data. Desde las circunscripciones electorales dibujadas primero por Roca en 1902 y luego por el gobierno peronista en 1951 pasando por la ley de lemas, el tridente peronista de Duhalde gracias al cual tuvimos 12 años de kirchnerismo, el “voto joven”, o las más recientes internas abiertas obligatorias se han manoseado los procedimientos electorales en función de la conservación del poder y no de respetar la auténtica expresión popular que es la esencia del principio de la soberanía popular tantas veces declamado y tantas otras malversado.

Salvando las buenas intenciones de los promotores de la reforma electoral, lo cierto es que el sistema está aún lleno de parches y lagunas que no se van a remediar mientras las modificaciones se hagan en función de pactos políticos o conveniencias circunstanciales de los partidos mayoritarios y no de la protección de la voluntad de los ciudadanos.

Luis Orea Campos