Si usted preside el país y quiere enviar un mensaje intimidatorio a los gobernadores díscolos para que presionen a sus legisladores y se apruebe el malparido DNU que crea el fondo del bicentenario nada mejor que acordar con los docentes aumentos salariales imposibles de cumplir para gobiernos provinciales que están presupuestariamente en las llamas.
Desde luego esto es efectivo solamente en un país en el que la mayoría de los gobernadores y congresistas se hacen gárgaras con la palabra «federalismo» pero se han encargado de consolidar en la práctica un sistema unitario duro en el cual el flujo de caja extra brota de los jardines de Olivos y por lo tanto votar en contra del DNU ciertamente expone a la provincia cuyos senadores y diputados lo hagan al serio riesgo de enfrentar una situación social explosiva a partir de las represalias esperables de un Kirchner desbocado y vengativo.
Pero habida cuenta de que tal como están las cosas las llamaradas de un incendio provincial pronto llegarían a las puertas mismas de la casa Rosada el argumento clásico de esos gobernadores suena a pueril excusa para mantener el cómodo satu quo que sólo requiere prosternarse y besar el anillo del consorte presidencial en lugar de tener que trabajar duro para cambiar las porciones en el reparto de los ingresos públicos que hoy quedan mayormente en los bo0lsillos de la Nación y así poder crear condiciones para el desarrollo económico que provean alojamiento laboral genuino a los miles y miles de jóvenes que deambulan sin futuro, sin códigos y sin dignidad por las calles de todas las ciudades del país.
Eso no está en el inventario de caudillos provinciales que se han conformado con ser meros distribuidores de la coparticipación federal y eventuales auxilios nacionales a través de planillas de salarios que insumen el 70 o el 80% del presupuesto y alimentan la mayor parte de la actividad comercial de esos distritos cuya economía pasa así a ser marcadamente estado-dependiente.
Es que en las provincias el molde social de clientelismo político forjado con la complicidad de aliados empresariales y la connivencia consciente de sus propias víctimas resignadas a la tarjetocracia es funcional al vetusto pero efectivo sistema del vasallaje medieval que impuso Kirchner en el país bajo un brumoso manto democrático.
Estos gobernantes y legisladores perjuros traicionan sin escrúpulo alguno a su mandato, a sus pueblos y al país cuando en nombre de urgencias financieras generadas por su propia incompetencia no vacilan en convertirse en cómplices necesarios de iniciativas suicidas del ejecutivo nacional aún sabiendo positivamente que la cuenta la pagarán indefectiblemente los sectores más indefensos de la población a través del impuesto inflacionario.
Todos ellos saben que en el drama nacional Cristina Fernández es sólo una actriz de reparto a la que se le descompuso el GPS y que ya no cree siquiera en su propio relato pero sin reflejos y sin soluciones siguen simulando confianza en su gestión en la infundada creencia de que aún es posible que el gobierno pueda evitar las consecuencias de la cadena de insensateces que lo están poniendo a las puertas de un abandono prematuro del poder.