Si usted preside el país y quiere enviar un mensaje intimidatorio a los gobernadores díscolos para que presionen a sus legisladores y se apruebe el malparido DNU que crea el fondo del bicentenario nada mejor que acordar con los docentes aumentos salariales imposibles de cumplir para gobiernos provinciales que están presupuestariamente en las llamas.

Desde luego esto es efectivo solamente en un país en el que la mayoría de los gobernadores y congresistas se hacen gárgaras con la palabra «federalismo» pero se han encargado de consolidar en la práctica un sistema unitario duro en el cual el flujo de caja extra brota de los jardines de Olivos y por lo tanto votar en contra del DNU ciertamente expone a la provincia cuyos senadores y diputados lo hagan al serio riesgo de enfrentar una situación social explosiva a partir de las represalias esperables de un Kirchner desbocado y vengativo.

Pero habida cuenta de que tal como están las cosas las llamaradas de un incendio provincial pronto llegarían a las puertas mismas de la casa Rosada el argumento clásico de esos gobernadores suena a pueril excusa para mantener el cómodo satu quo que sólo requiere prosternarse y besar el anillo del consorte presidencial en lugar de tener que trabajar duro para cambiar las porciones en el reparto de los ingresos públicos que hoy quedan mayormente en los bo0lsillos de la Nación y así poder crear condiciones para el desarrollo económico que provean alojamiento laboral genuino a los miles y miles de jóvenes que deambulan sin futuro, sin códigos y sin dignidad por las calles de todas las ciudades del país.

Eso no está en el inventario de caudillos provinciales que se han conformado con ser meros distribuidores de la coparticipación federal y eventuales auxilios nacionales a través de planillas de salarios que insumen el 70 o el 80% del presupuesto y alimentan la mayor parte de la actividad comercial de esos distritos cuya economía pasa así a ser marcadamente estado-dependiente.

Es que en las provincias el molde social de clientelismo político forjado con la complicidad de aliados empresariales y la connivencia consciente de sus propias víctimas resignadas a la tarjetocracia es funcional al vetusto pero efectivo sistema del vasallaje medieval que impuso Kirchner en el país bajo un brumoso manto democrático.

Estos gobernantes y legisladores perjuros traicionan sin escrúpulo alguno a su mandato, a sus pueblos y al país cuando en nombre de urgencias financieras generadas por su propia incompetencia no vacilan en convertirse en cómplices necesarios de iniciativas suicidas del ejecutivo nacional aún sabiendo positivamente que la cuenta la pagarán indefectiblemente los sectores más indefensos de la población a través del impuesto inflacionario.

Todos ellos saben que en el drama nacional Cristina Fernández es sólo una actriz de reparto a la que se le descompuso el GPS y que ya no cree siquiera en su propio relato pero sin reflejos y sin soluciones siguen simulando confianza en su gestión en la infundada creencia de que aún es posible que el gobierno pueda evitar las consecuencias de la cadena de insensateces que lo están poniendo a las puertas de un abandono prematuro del poder.

—Por Anastasia O’Grady del Wall Street Journal

Una de las formas en que un presidente puede empujar los indicadores en una economía que anda mal es tomar el control del banco central y comenzar a imprimir muchos pesos. No hay nada como la financiación barata para restaurar el entusiasmo del mercado para comprar todo tipo de cosas – desde acciones a casas – ya en venta en precios de liquidación total por incendio.

La gran reflación (inflación de moneda después de una deflación) hará a la gente sentirse rica otra vez. Una moneda débil también será un favor a corto plazo a exportadores, sobre cuyas ganancias entonces pueden ser cobrados impuestos y tarifas cada vez más altas. Los quejosos pueden ser denunciados por su avaricia.

Desde luego esta máquina en movimiento perpetuo tarde o temprano se detendrá, y cuando esto pase, un gobierno que espera sobrevivir encontrará necesario hacer callar a sus críticos. Sólo pregunten a Argentina que vive todo esto en tiempo real.

Después de más de cinco años de pesada intervención estatal Argentina otra vez se desliza a la recesión. La inflación de dos cifras se mueve en espiral hacia el norte y el gobierno se queda sin dinero. En respuesta, la Presidente Cristina Kirchner castiga la prensa libre. Los argentinos se preguntan si su democracia sobrevivirá.

Es importante recordar la historia de como Argentina llegó a este punto. La economía estaba caída sobre sus espaldas después del derrumbamiento de la “convertibilidad», el instrumento monetario que fijó el peso al dólar, en 2001-2002. Una nación desmoralizada buscaba a un salvador. Pensó que lo había encontrado en Néstor Kirchner. Él se hizo presidente en 2003 y empezó a restaurar el modelo planificado económico de Juan Peron; el mercado, sostuvo, había fallado. Mr. Kirchner tomó el mando del banco central demonizó al sector privado e inversionistas. Usando controles de precios, subvenciones y regulaciones él se hizo el Robin Hood frente a las masas. La legislatura le concedió poderes extraordinarios.

La economía pegó un salto como era de esperar después de una fuerte contracción, y en 2007 a su esposa fue elegida presidente con el 45 % de los votos. Ahora los ilusionistas están perdiendo su toque. No es sólo que la economía va cuesta abajo, sino que según sondeos, la sociedad se pone intolerante frente a lo que muchos consideran abusos de la pareja presidencial.

Cuatro ejemplos sirven para aclarar el punto: primero, fue mucha la sorpresa de la Sra. Kirchner cuando atacó el sector de granjeros el año pasado porque se resistió a su plan de imponer altos impuestos de exportación a sus cosechas y la sociedad salió en defensa de los agricultores.

Segundo, su decisión de confiscar cuentas de pensión privadas fue fuertemente denunciada como una violación de la ley. Tercero, es una creencia extendida que su gobierno usa el servicio de inteligencia estatal para recoger la información contra «los enemigos» presidenciales.

Cuarto, una mayoría aplastante de Argentina se resiente de los privilegios y el estilo de vida tipo “jet-set” de la familia presidencial mientras el nivel de vida nacional cae a plomo. Este descontento popular se resaltó en la compulsa electoral de junio, cuando el ala kirchnerista del peronismo perdió mal. Incluso Mr. Kirchner no logró prevalecer en su oferta por un asiento en el Parlamento representando a la provincia de Buenos Aires que debería haber sido una fortaleza para la primera pareja.

La Sra. Kirchner y su marido han decidido que ellos perdieron debido a la mala cobertura de la prensa. Sobre todo los altera la empresa de medios de comunicación Clarín, que aunque una vez fue su partidario, es ahora un crítico abierto. En comentarios públicos Mr. Kirchner a menudo anticipó que el gobierno analizaba la empresa para ver si no pudiera tener que ser reducido su tamaño. En septiembre, las autoridades fiscales lanzaron una incursión sobre las oficinas de Buenos Aires del diario. Las autoridades fiscales más tarde emitieron una apología de la incursión, pero el periódico sostuvo que fue un acto de intimidación

Sin ser menor éste, el problema de los Kirchners es mucho más grande que Clarin. Como el modelo económico antimercado anda los patinazos, el pueblo se da vuelta contra sus arquitectos y una prensa libre no permanecerá callada. Por eso la presidente forzó una ley de medios de comunicación por medio del Parlamento hace semanas, creando un nuevo consejo «audiovisual» regulador controlado por el ejecutivo, al cual la ley también concede el control ejecutivo de todas las licencias del espectro radiofónico y reserva al menos las dos terceras partes de él para locutores públicos y organizaciones no gubernamentales.

Hay preocupación porque la Sra. Kirchner ahora se dispone a asumir el control del proveedor doméstico más importante de papel para diarios y planea comenzar a usar las licencias de importación para controlar el acceso a provisiones extranjeras. Hugo Chávez se ha hecho un dictador en Venezuela bajo un manto democrático, y de modo similar, ha amordazado a la prensa libre. Muchos argentinos están preocupados.

La semana pasada en el diario La Nación, el filósofo y escritor Santiago Kovadloff resumió el sentimiento de oposición a los manejos del gobierno y de la ley para consolidar poder: “la ley se ha hecho un instrumento de corrupción, » escribió Mr. Kovadloff. «El ejecutivo la ha puesto en su servicio manipulándola con habilidad. ¿» Y dónde deja ésto a la sociedad? La inseguridad es más que una amenaza. Estamos en la selva.»

El daño que ha provocado el voto enrevesado de Julio Cobos está yendo por mucho más allá de las filas del radicalismo que lo tiene como única carta de triunfo para las elecciones de 2011. Si la opinión pública descreía con razon de la lucidez de los dirigentes de la oposición la torpeza conceptual de «Cleto» acaba de bajar en varios puntos las expectativas generales acerca de la mejora que un recambio de figuras supondría.

No se trata de si la permanencia o no del controversial Redrado en su bien rentado empleo estaba bien o mal, se trata de guardar un poco de coherencia e instinto político. algo que le falló de medio a medio al vicepresidente que para peor con su actitud vacilante abrió un portón bien ancho para la sospecha pública de que su personalidad se parece más de lo conveniente a la del anterior presidente radical Fernando de la Rúa. Si la gente pensaba que la oposición era un flan Julio Cobos acaba de confirmarlo para beneplácito de un kirchnerismo al que cada vez le cuesta mas achicar el agua que entra al bote.

Por suerte para la Argentina la capacidad de la primera magistrada para repartir sandeces de todo tipo y color frente a los micrófonos que le proveen sus alcahuetes ha demostrado tener una gran resistencia al sentido común, lo que sumado a las vacaciones forzadas que la carótida le ha impuesto al primer caballero hacen crecer la esperanza de que finalmente la oposición logre abroquelarse e impedir que gobernadores y senadores enfermos del sindrome de Estocolmo y adictos al cirujeo presupuestario al que les obliga Néstor Kirchner terminen cometiendo la tremenda barbaridad de convalidar el camino a un incendio inflacionario que es el destino inexorable del malhadado fondo del bicentenario.

Los sectores sociales más indefensos no tienen porqué pagar a través del impuesto inflacionario la incompetencia de gobernadores inútiles y cobardes que no han sabido construir para sus provincias mecanismos generadores de recursos genuinos ni defenderlas de la voracidad recaudatoria de un gobierno nacional que deformó totalmente el sistema federal consagrado por la Constitución. Obviamente era y sigue siendo más cómodo para ellos arrastrarse como gusanos sonrientes en los felpudos de Olivos y conseguir que el cajero del almacén nacional les arroje algunas efectividades conducentes.

Lo peor es que tan abyecta obsecuencia – que por supuesto no es gratuita ya que la gran mayoría aspira a emular la peformance patrimonial del matrimonio – no evitará en sus dominios el panorama de colapso que ya se avizora porque votar la aprobación del malparido DNU equivale a la locura de tirar baldes de nafta de aviación para apagar el incendio de un campo seco.

Por Michael Soltys
Buenos Aires Herald Senior Editor

El referente peronista de Santa Fe Carlos Reutemann no estaba precisamente contribuyendo al debate político cuando se quejó a principios de esta semana sobre la «presión» que el Gobierno central inflige en provincias «indigentes» a través de «su billetera y arcas» Nada nuevo: en lugar de llanto sobre este chantaje, sus víctimas tendrán que llegar a una alternativa constructiva y por fin hay algunos indicios de que esto ocurra.

Ahora que la oposición tiene una mayoría en el Congreso, tiene los medios para introducir un sistema menos extorsivo y por lo tanto, la responsabilidad recae en que lo haga.

La búsqueda de reformas en la distribución de los ingresos federales estipulado por las enmiendas constitucionales de 1994 no tiene futuro debido a que la necesidad de un consenso total entre las provincias ha frustrado su realidad durante más de 15 años — tampoco se resolverá el punto muerto entre los poderes ejecutivo y legislativo mirando al poder judicial, porque mientras puestos a definir quién puede decidir las disputas federales (es decir, las provincias, como en la petición presentada recientemente por San Luis), la Corte Suprema ha dejado claro que no tiene intención de resolver los problemas de los políticos (y, desde luego, sin ninguna prisa).

Este mes los peligros de la cooptación de gobernadores provinciales por la administración de Cristina Fernández de Kirchner para absorber las reservas del Banco Central a cambio de una parte del botín ha llevado la Coalición Cívica a proponer que el llamado «impuesto al cheque» sobre las transacciones financieras se someta a la coparticipación federal como una alternativa para aliviar la situación fiscal de la mayoría de las provincias (una propuesta respaldada por otras fuerzas de oposición y con entusiasta respaldo del gobernador peronista Chubut Mario das Neves).

Este es, definitivamente, la dirección en la que la oposición debe moverse aunque no necesariamente debe adoptar la forma de una alternativa constructiva. Como vimos casi dos años atrás con los derechos de exportación sobre los granos y como estamos viendo ahora con las reservas del Banco Central, compartir con las provincias también puede ser una estrategia de cooptación. Además, el impuesto al cheque y los derechos de exportación son definidos por la mayoría de los economistas como impuestos malos porque penalizan a los sectores más productivos de la economía, así pues, sería mejor para la economía suprimirlos que reclamar una parte provincial.

Pero con los salarios que tienen para pagar al final de cada mes, los gobernadores nunca van a liberarse de la tutela de una Presidencia despiadada hasta que pueden llegar a desenvolverse por sus propios medios y, a continuación, inicien la vida con ellos.