Macri, el ingeniero que olvidó el efecto inercial

Por Luis Orea Campos

N. del editor: Esta nota fue publicada en Onda Política el 12/12/2016 pero se reproduce para que se advierta como predijimos lo que iba a pasar si Macri no dejaba de lado las teorías de Marcos Peña

Si bien a los capitostes kirchneristas de esos que peregrinan por los pasillos del templo de San Comodoro Py encabezados por la arquitecta egipcia nadie le compraría un auto usado tampoco nadie le encargaría la construcción de un edificio al ingeniero Macri después de ver la performance del primer año de gobierno por la sencilla razón de que al parecer se salteó la materia “Dinámica” de la carrera del rubro.

Que su grupo de colaboradores haya impulsado un extraño experimento que básicamente consiste en el insensato intento de reconducir el sistema político sin hacer política es comprensible dado el escaso conocimiento de ese ámbito que, salvo raras excepciones, tuvieron los integrantes de su dream team.

Pero que a un ingeniero civil, que debería conocer como el padrenuestro el sistema de referencia inercial newtoniano se le escape la tortuga de la forma en que se le escapó es francamente preocupante, a menos que su objetivo haya sido reproducir a nivel político la teoría del caos del belga Ylia Prigogine, quien sostiene que la realidad es una mezcla de desorden y orden, y que el universo funciona de tal modo que del caos nacen nuevas estructuras, llamadas estructuras “disipativas” que sería formaciones coherentes encargadas de permitir alcanzar un cierto orden a expensas de un aporte continuo de energía externa al sistema.

Aunque a juzgar por su airada reacción ante las sucesivas zancadillas de la oposición más bien parece que el caos que produciría en su gestión el agujero fiscal que le quiere fabricar la nueva UTE (Unión Transitoria de especuladores) legislativa le produce una irritante urticaria

Pero lo más inquietante de todo es que ha llegado a este punto donde su equilibrio inestable puede llegar a espantar las inversiones que son la columna vertebral de su mentado “proyecto político” por no haber considerado apropiadamente la fuerza inercial del último período kirchnerista.

En el año 2011 desde esta misma columna advertíamos antes de las elecciones presidenciales que “así como están las cosas tal pareciera que solamente un milagro puede salvar a la Argentina del desastre que sobrevendrá en caso de lograr el kirchnerismo imponerse en las urnas”. Tal milagro no ocurrió quizás porque Dios ya estaba aburrido de darles oportunidades de despegue a los argentinos.

El ingeniero Macri debió haber previsto con mayor precisión el impacto que los desaguisados del kirchnerismo iban a tener en su turno gubernativo y en consecuencia haber desarrollado ni bien asumió un mecanismo de protección.

Pero prefirió subestimar el poder de la fuerza inercial de cuatro años de paroxística locura cristinista y pensó que podía pararla en seco con sólo apelar a la racionalidad y al cansancio social que lo depositó en la Casa Rosada. No sólo eso, sino que siguió adelante con su tesis a pesar de la advertencia que fue el resonante fracaso de la suba de tarifas e ignorando las señales que iban apareciendo en el horizonte.

Si bien la pobreza, los despidos, la recesión y el malestar social no lo produjo Macri sino que es la consecuencia del período previo de doce años de jolgorio mal habido, no acertó a tejer una red de compromisos sólidos ni siquiera con sus propios aliados porque de alguna manera los siguió considerando parte de la “vieja política” denostada por su gurú Durán Barba, sin entender que no existe ni vieja ni nueva política, sólo existe la política a secas.

Ahora se enfrenta con un partido sin estructura territorial y con una alianza tembleque y controvertida a un peronismo que recién se está desperezando y al que paradójicamente no le conviene destronarlo sino convertirlo en un socio minoritario o en un rehén de sus pretensiones económicas y desgastarlo con guerrillas hasta que en 2019 llegue el momento de asestarle el golpe final y retornar al poder. Esa tensión es la impronta de los años por venir.

Al parecer ni Maquiavelo, ni Von Clausewitz ni Sun Tzu forman parte de su biblioteca.

La quimera de la transparencia electoral

Guita financiamiento Partidos

El “affaire” de los aportantes truchos de la campaña de Vidal en Buenos Aires trae nuevamente al tapete la cuestión del financiamiento electoral, tema éste que esporádicamente motiva iniciativas parlamentarias que por lo general naufragan en el denso mar de los intereses políticos o terminan en reglas inoperantes que fracasan por la simple y sencilla razón de que son concebidas en cómodos despachos judiciales o laboratorios de organizaciones que conocen sólo la superficie de los avatares del funcionamiento de un partido político y divulgadas por ígnaros opinadores mediáticos.

Lo único que han logrado las regulaciones sobre financiamiento – promovidas en particular por los magistrados del fuero electoral – es que la mayoría de las agrupaciones sufran multas a diestra y siniestra que convierten el supuesto apoyo financiero del Estado en una mísera limosna y a las a instituciones sacralizadas como “fundamentales para la democracia” en kioscos.

Es decir que la finalidad sustantiva perseguida por la ley que es apoyar económicamente a los partidos y sus campañas electorales, se ve frustrada por cuestiones formales provenientes de funcionarios y técnicos a los que lo único que les importa es cuidar su pellejo y conservar su sustancioso sueldo con la indeseable consecuencia de la degradación objetiva del partido político como institución.

Por si ello fuera poco, los legisladores se dejaron llevar en su momento por el discurso judicial y sancionaron un procedimiento híbrido que mete cuestiones administrativas, electorales y penales en una mezcolanza a resultas de cuyas lagunas la justicia electoral termina erigiéndose en único árbitro supremo y atribuyéndose a sí misma una facultad legisferante que no tiene – por ejemplo establecer el período de prescripción de la acción – disfrazada de “resoluciones” “acordadas” e interpretaciones que eventualmente pueden llevar a que una falta administrativa termine en una inconstitucional pena de inhabilitación de candidatos que es materia de otra rama del derecho, con lo cual el poder de los jueces y camaristas se ve incrementado exponencialmente en proporción directa con su capacidad de daño.

Mas allá de todas estas disquisiciones lo cierto y objetivo es que las irregularidades que salieron a la luz no hacen sino demostrar por enésima vez el rotundo fracaso de la normativa teóricamente destinada a evitarlas – por lo menos respecto de su objetivo – como no puede ser de otra manera ya que parte de un supuesto quimérico, a saber, que es posible controlar con exactitud el origen y la aplicación del total de los fondos empleados en una campaña electoral. Eso no ocurre aquí ni en la China.

La regulación sobre financiamiento de campañas viene entonces a ser como la religión, una especie de valla “moral” que evita desbordes masivos pero no la concupiscencia individual de sus fieles y sus pastores.
Así como el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones también el camino al poder está siempre construido en parte con baldosas de dudosa santidad porque esas son las reglas del juego, y quien no las sigue, salvo raras excepciones, sucumbe en la competencia.

La realidad indica entonces que querer controlar ex post los fondos de campaña es como querer cazar una liebre con una escoba en un contexto donde nadie, repito, nadie, puede tirar la primera piedra, a tal punto que si se da la paradoja de que si todas las irregularidades pudieran ser descubiertas y sancionadas con estas reglas inadecuadas … ¡El país se quedaría sin autoridades!

Prueba fehaciente de todo lo antedicho es una nota publicada en Clarín bajo el inexplicablemente pretencioso título de “Dinero de campaña: cómo salir de la opacidad”, cuyo autor es director de IDEA, una de esas asociaciones teorizantes que se mencionaron antes, en la cual se presentan como si fueran soluciones una serie de expresiones de deseo que reflejan con claridad el grado de desorientación y desconocimiento que hay en el tema.

Los partidos políticos constituyen la primera y máxima expresión del derecho de asociarse con fines útiles, derecho que está en la base misma del sistema democrático. Pretender convertirlos en meras creaciones legales y sujetarlos al tutelaje judicial extremo son pretensiones destinadas al inexorable fracaso y mientras no se asuma esta realidad primigenia no se encontrarán las fórmulas legislativas eficaces que concentren los esfuerzos en lo realmente importante.

En efecto, las regulaciones respecto de los fondos que se utilizan en campañas electorales tienen como finalidad principal evitar que aportes de empresas o individuos que se escudan en la opacidad favorezcan en forma determinante las posibilidades de determinados candidatos que luego de acceder al poder devuelvan esas contribuciones en forma de actos perjudiciales a la sociedad en general, ya sea con influencia, protección para los delitos o privilegios que beneficien indebidamente a los aportantes.

Pero la realidad indica que todos, absolutamente todos, los candidatos con posibilidades gastan más de lo que declaran en sus rendiciones que son en gran parte dibujos contables no porque sea su objetivo engañar al público sino porque se ven obligados por normas que pretenden encorsetar en reglas incumplibles la dinámica de campañas en las que el dinero circula en un lapso sumamente breve por los más diversos canales a una velocidad incontrolable aún para quienes tienen a su cargo el manejo centralizado de los recursos.

Como se dijo antes, esas normas son concebidas, redactadas y aplicadas por gente que no tiene percepción directa de lo que significa el día a día de una campaña ni de las exigencias que impone la necesidad de que su tumultuoso curso no se detenga ni por un instante en la competencia por el poder porque ello podría sellar su suerte.

Por eso es que tales recetas fracasan y luego de cada aparición de actos que no encajan en sus moldes teóricos salen los presuntos voceros de la transparencia a rasgarse las vestiduras y a reclamar a voz en cuello más regulaciones con el fin de rascar algo de espacio mediático.

Claro está que no es cuestión de dejar librada al poder del dinero un paso tan esencial a la calidad democrática como el proceso de reproducción de las autoridades, pero tampoco ayuda poner el foco en la opacidad de las contribuciones y no ver el panorama completo: María Eugenia Vidal ganó incuestionablemente las elecciones no porque su agrupación justificó aportes empleando nombres al azar, sino porque los ciudadanos estaban hartos de morir en inundaciones, carecer de cloacas y sufrir el flagelo del narcotráfico, la inseguridad y la mafia policial. Y esto es lo verdaderamente importante no lo que reglas distorsivas obligan a hacer a los responsables de las rendiciones de cuentas.

Cuando los jueces, técnico, opinólogos y periodistas dejen de intoxicar a la sociedad electoral induciéndola a error mediante reglas que exhiben incoherencias indisimulables quizás se pueda comenzar a sacar el tema de los juzgados y a elaborar un esquema creativo, integral, práctico y eficaz que cumpla su objetivo, porque mientras se admita que los partidos políticos deben justificar hasta el último centavo al mismo tiempo que se acepta que el instituto Patria puede blindar el acceso estatal al origen de los cuantiosos fondos que alimentan su accionar estaremos chapaleando en el mismo barro.

¡Llamen a Wendy Rhoades!

wendy-rhoades1Uno de los personajes centrales de la serie “Billions” que se emite por Netflix es una psiquiatra extremadamente exitosa llamada Wendy Rhoades que se encarga de alinearle los patitos a los empleados del equipo de Robert Axelrod -inescrupuloso gestor de fondos de cobertura- cuando las circunstancias estresantes de la actividad financiera y bursátil los sacan de escuadra emocionalmente hablando.

Quizás Mauricio Macri debería contemplar la posibilidad de contratar un profesional de la psiquiatría como ella para optimizar la estabilidad operativa de su equipo (y de él mismo) porque hoy por hoy lo preocupante no es el drenaje de reservas, ni el déficit cuasifiscal ni la corrida cambiaria ni el acuerdo con el FMI sino que todos los integrantes del gobierno están asustados.

Y es preocupante porque el desconcierto y el susto de los funcionarios del gobierno frente a situaciones que en sus años en la actividad privada conocieron por los diarios o por informes de consultoras interesadas en mantener sus cuentas pueden llevarlos a caer en el mal de Matrasma, término que acuñó un viejo super profesor de oftalmología en el Ramos Mejía que cuando sus internos que no daban pie con bola con un paciente les dijo solemnemente que padecía el mal de matrasma y cuando le preguntaron que era ese misterioso mal les ilustró rápidamente: macana tras macana.

Sin embargo, este julepe que se llevaron los Peña, Quintana, Lopetegui, Sturzenegger & cía. puede tener su lado positivo porque por primera vez se sintieron perdidos y como señala el genio español José Ortega y Gasset en 1930 en su obra estelar “La rebelión de las masas” “el que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente, es decir, no se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad”.

Y la realidad del macrismo es que ninguno tiene la más pálida idea hoy de cómo corno salir de la trampa que voluntariamente le compraron al kirchnerismo. Y la razón es muy sencilla: la trampa no tiene salida. Está todo agotado. Todas las herramientas, la presión fiscal, la tasa del BCRA, el déficit cuasifiscal, la inflación, el crédito etc., todo está al límite, la aguja del velocímetro está en el sector rojo y el puente levadizo que permite pasar a la tranquilidad está demasiado lejos y levantándose demasiado rápido para la distancia que debe recorrer el auto.

wendy-rhoades1Esa es la consecuencia de la falta de estaño político. Los muchachos macristas, salvo raras excepciones (entre las que no se encuentra Macri), se comieron su vanidosa versión de sí mismos junto con la ilusión de que era todo cuestión de gestionar más o menos bien la “damnosa hereditas” (herencia dañosa) que aceptaron sin beneficio de inventario cuando asumieron el poder.

Como alguna vez dijo Einstein “es estúpido esperar diferentes resultados cuando se siguen haciendo las mismas cosas”, y el macrismo lo está corroborando fehacientemente. El atraso cambiario, el déficit cuasifiscal, el endeudamiento masivo (interno o externo) la tasa como ancla de divisas, la supuesta austeridad gubernamental y otras yerbas por el estilo son harto conocidas por la gente adulta, tanto como lo son sus resultados.

El desconcierto generalizado llevó a que ahora pasemos al capítulo del GAN (Gran acuerdo nacional) que recuerdan a Agustín Lanusse y su ingenuidad política, o a la Mesa de Diálogo de Eduardo Duhalde, o a la mesa compartida con radicales cuyas ideas -que terminaron en sendas explosiones- atrasan treinta años. Falta pedirle ayuda al Chapulín Colorado y cartón lleno

Quizás Macri tiene un buen equipo, pero está desorientado en el medio de la cancha y ya tiene varios goles en contra, llegó la hora de inventar lo que nunca se hizo como dice Julio Bárbaro en Infobae pero para eso se necesita que alguien ponga serenidad en el ánimo de los jugadores para que no sigan errando los pases y entregando la pelota al contrario y se pongan a construir juego en lugar de incinerarse en la hoguera de las vanidades.

Por eso, llamen a Wendy Rhoades, muchachos.

Frigerio dio el puntapié inicial a una reforma en serio

frigerio_rogelio_2581173182Además de poner una nota de color en el lánguido escenario político con la designación del inefable Luis Barrionuevo el reciente fallo de Servini de Cubría decretando la intervención del Partido Justicialista del orden nacional, además de otros efectos, también puso sobre el tapete una cuestión que el ministro Frigerio se encargó de perfilar señalando que se advierte una excesiva injerencia de la justicia en la vida de los partidos políticos.

¡Aleluya! Hace mucho tiempo que desde Onda Política venimos denunciando -por cierto sin éxito alguno- el avance de la justicia electoral sobre la vida y el funcionamiento institucional de los partidos políticos.

Los que hoy se rasgan las vestiduras por la resolución de la Dra. Servini de Cubría decretando la intervención del PJ son los mismos que aplaudieron a rabiar los engendros legales ideados por Jorge Landau a pedido de Néstor Kirchner con el único objetivo de impedir aventuras de los “rebeldes” que se llevaban votos progresistas para su molino reduciendo las chances de la agrupación que lideraba el matrimonio.

Así nació en el año 2009 durante el gobierno de la hoy multiprocesada Cristina Fernández la bochornosa ley 26.571 como respuesta a la derrota ” por muy poquito” sufrida por las huestes kirchneristas en las elecciones legislativas de ese año.

La vanidad y arrogancia de los jueces de la Cámara Electoral que pretendían -y siguen pretendiendo- reducir la cantidad de partidos y aumentar su poder, sumada a nociones nebulosas de una opinión pública fogoneada por los principales medios hizo que este engendro legislativo, que arrasó con principios elementales de derecho partidario so color de “democratizar la representación política e imponer la transparencia y la equidad electoral”, fuera tragada sin mayores cuestionamientos por una sociedad con altas dosis de ignorancia respecto de los temas electorales y partidarios.

Claro está que la vocinglería de dirigentes que hoy tacha de “excesiva y arbitraria” la injerencia de la justicia omite convenientemente aclarar que primero fue el atropello legislativo el que abrió la puerta para que los jueces pasen a la historia la “zona de reserva de los partidos” y se encumbren como omnímodos tutores de la actividad partidaria y electoral.

La figura emblemática de la actual legislación es la de las PASO, una mala imitación del sistema norteamericano que es totalmente distinto desde su conceptualización hasta su instrumentación, que como no podía ser de otra manera fracasó estrepitosamente, razón que mueve al actual oficialismo macrista a considerar la conveniencia o no de su supervivencia en una futura reforma electoral, en lugar de abogar ya por su eliminación lisa y llana.

Párrafo aparte merece el tema de la financiación electoral y de las actividades de los partidos políticos ley 26.215, otro fallido experimento legislativo apartado de la realidad que los magistrados acarician tiernamente porque incrementa su cuota de poder.

Su aplicación llevó a que hoy la mayor parte de las agrupaciones estén plagados de multas y suspensiones y muchos de sus dirigentes sometidos a una rarísima amalgama procesal entre administrativa y penal cuyas normas instrumentales son dictadas a piacere por los titulares de la CNE ejerciendo de hecho una función legislativa so capa de las lagunas dejadas por esta deficiente normativa llena de parches que deja un amplio margen para la confección de los trajes a medida con los que los magistrados de la Cámara acostumbran a alimentar las sospechas sobre su imparcialidad.

El denominador común de todos estos extravíos es la errónea, obsoleta, dirigista y contaminada plantilla de principios y objetivos sobre la que se asienta la actual legislación electoral que disecaremos en futuras entregas utilizando tanto la cuadrícula de la teoría como la de la realidad para el análisis de sus múltiples falencias a fin de hacer un aporte que sirva para la elaboración de propuestas eficaces.

Cada año que pasa marca con más fuerza el imperativo de establecer un marco legal adecuado a los tiempos que flexibilice el corsé que los adoradores de las regulaciones impusieron para una actividad que por su naturaleza se asienta en la libre voluntad de servicio de los miembros de una comunidad nacional pero que no puede desprenderse de su idiosincrasia.

No puede sino celebrarse este lanzamiento que el ministro Rogelio Frigerio tiró sobre la mesa, pero hasta que no se comprenda que no se trata de “evaluar” si las PASO le convienen o no al oficialismo o a la oposición sino de pensar en reglas de juego parejas para todos que recuperen la autonomía de los partidos políticos y pongan en su lugar a la justicia electoral.

Si no se entiende que llegó la hora de barajar y dar de nuevo introduciendo reformas reales, audaces y novedosas, se seguirá chapaleando en el mismo barro sin poder dar una respuesta efectiva a las demandas de transparencia que son clamor en la sociedad.

El emblemático de turno

Por James Neilson
Por ser de total actualidad reproducimos esta nota de Neilson publicadaen diciembre de 2010. Sólo hay que cambiar el nombre de Ricardo Jaime por Julio De Vido

Todos los gobiernos nacionales incluyen a un personaje que, por razones a veces oscuras, desempeña el papel del corrupto emblemático, distinción que en la actualidad ostenta el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Pocos días transcurren sin que surjan nuevos cargos en su contra. El más reciente consiste en que TEBA, la empresa concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Retiro, que en teoría Jaime controlaba, le pagaba el alquiler de dos departamentos lujosos en la Capital Federal. Antes, fue acusado de enriquecimiento ilícito, ya que durante años su estilo de vida no guardaba relación alguna con sus ingresos declarados, y muchos otros delitos vinculados con temas como la compra de vagones de segunda mano a España y Portugal. El ex funcionario ya enfrenta cuatro procesamientos, de suerte que, por ahora cuando menos, será difícil que otro lo reemplace como el símbolo máximo de la corrupción kirchnerista.

Pues bien, aunque sólo fuera cuestión de un hombre tan insólitamente astuto que logró engañar al crónicamente suspicaz Néstor Kirchner, a la igualmente desconfiada Cristina Fernández de Kirchner y a otros integrantes del elenco gobernante a los que nadie calificaría de ingenuos, el asunto sería muy grave porque revelaría un grado de descontrol realmente asombroso. Sin embargo, no se dan demasiados motivos para creer que quienes conocían a Jaime, entre ellos la presidenta Cristina, ignoraran que en un lapso muy breve se había transformado de un empleado público de ingresos decididamente modestos en un magnate que disponía de aviones privados, yates, viviendas opulentas y otras manifestaciones del bienestar material. Tampoco los hay para suponer que no estuvieran al tanto de los métodos que usaba para aprovechar las oportunidades para lucrar personalmente que le ofrecía su puesto en el gobierno.

Con todo, parecería que los Kirchner y sus ministros optaron por pasar por alto tales detalles sin ni siquiera pedirle aclaraciones a Jaime hasta decidir que no les convendría continuar brindándole el apoyo al que se había acostumbrado. Puede que haya otra forma de aclarar cómo fue posible que el amigo de Néstor Kirchner se las arreglara para prosperar bajo la mirada contemplativa de políticos experimentados supuestamente comprometidos con los valores éticos que todos reivindican, pero sucede que ningún vocero oficial se ha sentido obligado a ensayar una explicación que sirviera para disculpar a los demás miembros del gobierno.

Jaime resultó ser excepcional debido a la desfachatez “menemista” con la que hizo gala de su buena fortuna, pero para que disfrutara de impunidad hasta el año pasado habrá tenido que contar con la protección de la primera mandataria, de su esposo el ex presidente y muchos otros, a los que no les habrá importado en absoluto que a juicio de una proporción muy grande de la ciudadanía fuera un ladrón de guante blanco. Si se sintieran preocupados, sería por el eventual impacto en la imagen del gobierno de la conducta de Jaime, no por entender que tolerar la presencia en una función clave de un hombre de sus características los haría cómplices de los delitos que le serían imputados.

Mientras la presidenta Cristina y sus colaboradores tengan el poder político suficiente como para permitirles mantenerse alejados del banquillo de acusados en que está sentado Jaime, éste seguirá cumpliendo el rol ingrato del emblemático solitario, pero si lo pierden, muchos tendrían que ubicarse a su lado. Por desgracia, en nuestro país la corrupción no es un vicio limitado a un puñado de individuos que se dejan tentar por la posibilidad de adquirir un patrimonio impresionante en muy poco tiempo. Es un mal sistémico que afecta a todas las instituciones y a la clase política nacional en su conjunto cuyos integrantes, motivados por lealtad partidaria o por el temor a verse marginados, no pueden sino actuar como cómplices activos o, en caso de los relativamente honestos, pasivos de delincuentes.

Puesto que cambiar esta situación, procesando a todos los sospechosos de violar la ley, daría lugar a una crisis política todavía mayor que la desatada por el desplome de la economía en el 2001 y el 2002, lo más probable es que el país tenga que continuar conformándose con el espectáculo aleccionador, pero engañoso, brindado por el procesamiento del emblemático de turno.

Restitución internacional de menores: Inexplicable demora en la reglamentación

Girl crying

En los últimos tiempos han tomado estado público varios desgarradores casos de chicos – de ambos sexos – separados de sus madres y enviados a sus países de origen por disposición de la Justicia luego de cinco, seis o más años de residir en la Argentina.

Se trata de menores que han sido sustraídos ilícitamente de su  lugar de residencia habitual por algunos de los padres – por lo general la madre que huye del maltrato doméstico – sin consentimiento del otro padre, y traídos a la Argentina donde se desarrolla el proceso denominado “de restitución internacional” que es iniciado en Cancillería o en sede judicial por el padre que permaneció en la residencia anterior y que tiene su fuente jurídica en el llamado Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores de 1980.

Por lo general este procedimiento dura varios años durante los cuales el chico va echando raíces en la nueva residencia, tras lo cual la Corte ordena su regreso a despecho de las normas del Convenio que establecen que ello procede “salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente”

Ninguna persona con un mínimo de razonabilidad puede sostener que hace falta demostrar que un chico que estuvo cinco o seis años en un lugar “ha quedado integrado a su nuevo ambiente”, salvo la Corte Suprema por supuesto.

De esta manera se tortura doblemente al niño, primero sacándolo de su residencia habitual y luego obligándolo a volver a ella transcurridos varios años cuando ya todos los lazos con el país de origen han sido cortados.

Cabe destacar que el procedimiento fijado en el Convenio internacional establece plazos breves para resolver la cuestión, lo que es muy razonable porque entonces el menor no tiene tiempo material de integrarse y el regreso es menos traumático.

Pero las normas procesales generales de la Argentina no están adaptadas a este procedimiento especial sumarísimo y por eso su resolución demora varios años perjudicando gravemente al o los infantes. Por ello es que se requiere un reglamento procesal especial que respete los breves tiempos que fija la Convención, pero a pesar de los repetidos discursos, seminarios y severas admoniciones de la Corte una misteriosa fuerza coercitiva frena los intentos de sanción una y otra vez.

Como ocurre en varios otros campos del acontecer social, dirigentes políticos, jueces, funcionarios, legisladores y periodistas se llenan la boca con los derechos de niños y adolescentes en cuanta oportunidad de boconear se les presenta, pero a la hora de los hechos concretos todo queda en la formulación de buenas intenciones.

Preocupado por esta cuestión Pedro Braillard Poccard presentó en noviembre de 2016 un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento y hacerlo compatible con el Convenio de La Haya, pero por la tradicional indolencia radical u otra misteriosa razón desconocida el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto  Ing. Julio Cobos lo tiene en el freezer desde esa época, conducta que algunos mal pensados adjudican al objetivo encubierto de que de nuevo caduque a fin de año y todo quede en aguas de borraja.

Si bien este es un año electoral en el que la actividad parlamentaria es mínima, Cobos, si tuviera un poquito de respeto por el sufrimiento de esos niños, quizás podría hacer un esfuerzo e impulsar el tratamiento del proyecto en trámite a fin de colaborar en la solución de este doloroso tema que desgarra la vida de seres humanos indefensos, salvo que como algunos piensan haya oscuros intereses que hacen de la mora un pingue negocio para ciertos abogados y funcionarios que lucran con el dolor de seres indefensos ayudados voluntaria o involuntariamente – eso no hace a la cuestión – por legisladores como el Ing. Cobos que sin motivo retrasan la solución.

Las paso son sólo una parte del problema

Por Luis Orea Campos

Desde que el Informador Público puso sobre el tapete la cuestión de la evidente inutilidad de las PASO se han sucedido en los días posteriores una serie de declaraciones del más alto nivel político – repicadas por los medios – a favor y en contra del mecanismo electoral inventado por Jorge Landau a pedido de Néstor Kirchner después de la derrota de 2009.

Hay quien todavía sostiene, como José Di Mauro desde el Parlamentario, que tan inútiles no son porque se han utilizado mucho en el interior del país. Sin embargo de tan respetable opinión, cabe señalar que el declamado objeto de la ley 26.571 no era que sean utilizadas sino que sirvieran para oxigenar el sistema de partidos, algo que no sucedió ni remotamente.

Tal fracaso no tiene nada de extraño desde que la finalidad real de este esperpento era establecer una especie de corral para que nadie pudiera escamotarle votos al PJ corriendo “por afuera” – como le pasó a Kirchner con el inefable Sabattella en las legislativas de 2009 – so pena de quedar aislado.

Por diferentes razones e intereses particulares partidos políticos, jueces, periodistas, medios y funcionarios compraron el engendro de la ley 26.571 pensando muchos de ellos con supina ingenuidad que contribuiría sustancialmente a reducir el número de partidos y depurar el espectro electoral lo que por supuesto objetivamente no ocurrió.

Como sucede a menudo en este país las discusiones sobre la efectividad de las PASO para “democratizar la representación política” pueden terminar tapando el verdadero problema que es mucho más amplio que esta especie de ley de lemas sui generis nacida de la mente turbulenta del desaparecido ex presidente.

En efecto, es todo el sistema electoral y partidario el que debe ser revisado, previa derogación de la totalidad de la ley 26.571, no sólo la parte de las PASO, porque como ya se ha señalado antes, la salud de las democracias depende de ese mísero detalle técnico llamado sistema electoral.

Esta tarea comprende las leyes 23.298 orgánica de los partidos políticos, 26.215 de financiamiento partidario, 19.945 Código nacional electoral y la vetusta 19.108 de Justicia Electoral.

Los tímidos retoques ensayados sin éxito por Adrián Pérez no conducirán a resultado efectivo alguno porque este tema ya no admite más parches ni experimentos de novatos pomposamente bautizados con el remanido latiguillo de “reforma política”, denominación ésta repugnante a la razón desde que la política no admite reformas por decreto sencillamente porque es la resultante de los valores imperantes en una sociedad en un momento histórico dado.

Es necesaria una especie de “Corpus Iuris Comitiae” que en un solo digesto aborde todos estos temas en forma sencilla, coordinada y ajustada a la realidad social y política de esta época, dejando de lado delirios regulatorios de jueces y académicos que sólo buscan incrementar su poder o su fama postulando un avasallamiento de la autonomía de los partidos so color de la protección de la institucionalidad.

Cuando la dirigencia política resuelva tomar el toro por las astas y simplificar la maraña regulatoria derivada de un pésimo hábito argentino como es la legiborrea los partidos y el sistema electoral podrán comenzar la marcha hacia un mecanismo estable y duradero de reproducción de autoridades que no necesite cada cierto tiempo de “reformas políticas” y resista los arranques experimentales de improvisados alquimistas que pretenden ignorar los patrones sociológicos que guían la conducta social en el campo de lo político.