¡Llamen a Wendy Rhoades!

wendy-rhoades1Uno de los personajes centrales de la serie “Billions” que se emite por Netflix es una psiquiatra extremadamente exitosa llamada Wendy Rhoades que se encarga de alinearle los patitos a los empleados del equipo de Robert Axelrod -inescrupuloso gestor de fondos de cobertura- cuando las circunstancias estresantes de la actividad financiera y bursátil los sacan de escuadra emocionalmente hablando.

Quizás Mauricio Macri debería contemplar la posibilidad de contratar un profesional de la psiquiatría como ella para optimizar la estabilidad operativa de su equipo (y de él mismo) porque hoy por hoy lo preocupante no es el drenaje de reservas, ni el déficit cuasifiscal ni la corrida cambiaria ni el acuerdo con el FMI sino que todos los integrantes del gobierno están asustados.

Y es preocupante porque el desconcierto y el susto de los funcionarios del gobierno frente a situaciones que en sus años en la actividad privada conocieron por los diarios o por informes de consultoras interesadas en mantener sus cuentas pueden llevarlos a caer en el mal de Matrasma, término que acuñó un viejo super profesor de oftalmología en el Ramos Mejía que cuando sus internos que no daban pie con bola con un paciente les dijo solemnemente que padecía el mal de matrasma y cuando le preguntaron que era ese misterioso mal les ilustró rápidamente: macana tras macana.

Sin embargo, este julepe que se llevaron los Peña, Quintana, Lopetegui, Sturzenegger & cía. puede tener su lado positivo porque por primera vez se sintieron perdidos y como señala el genio español José Ortega y Gasset en 1930 en su obra estelar “La rebelión de las masas” “el que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente, es decir, no se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad”.

Y la realidad del macrismo es que ninguno tiene la más pálida idea hoy de cómo corno salir de la trampa que voluntariamente le compraron al kirchnerismo. Y la razón es muy sencilla: la trampa no tiene salida. Está todo agotado. Todas las herramientas, la presión fiscal, la tasa del BCRA, el déficit cuasifiscal, la inflación, el crédito etc., todo está al límite, la aguja del velocímetro está en el sector rojo y el puente levadizo que permite pasar a la tranquilidad está demasiado lejos y levantándose demasiado rápido para la distancia que debe recorrer el auto.

wendy-rhoades1Esa es la consecuencia de la falta de estaño político. Los muchachos macristas, salvo raras excepciones (entre las que no se encuentra Macri), se comieron su vanidosa versión de sí mismos junto con la ilusión de que era todo cuestión de gestionar más o menos bien la “damnosa hereditas” (herencia dañosa) que aceptaron sin beneficio de inventario cuando asumieron el poder.

Como alguna vez dijo Einstein “es estúpido esperar diferentes resultados cuando se siguen haciendo las mismas cosas”, y el macrismo lo está corroborando fehacientemente. El atraso cambiario, el déficit cuasifiscal, el endeudamiento masivo (interno o externo) la tasa como ancla de divisas, la supuesta austeridad gubernamental y otras yerbas por el estilo son harto conocidas por la gente adulta, tanto como lo son sus resultados.

El desconcierto generalizado llevó a que ahora pasemos al capítulo del GAN (Gran acuerdo nacional) que recuerdan a Agustín Lanusse y su ingenuidad política, o a la Mesa de Diálogo de Eduardo Duhalde, o a la mesa compartida con radicales cuyas ideas -que terminaron en sendas explosiones- atrasan treinta años. Falta pedirle ayuda al Chapulín Colorado y cartón lleno

Quizás Macri tiene un buen equipo, pero está desorientado en el medio de la cancha y ya tiene varios goles en contra, llegó la hora de inventar lo que nunca se hizo como dice Julio Bárbaro en Infobae pero para eso se necesita que alguien ponga serenidad en el ánimo de los jugadores para que no sigan errando los pases y entregando la pelota al contrario y se pongan a construir juego en lugar de incinerarse en la hoguera de las vanidades.

Por eso, llamen a Wendy Rhoades, muchachos.

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Frigerio dio el puntapié inicial a una reforma en serio

frigerio_rogelio_2581173182Además de poner una nota de color en el lánguido escenario político con la designación del inefable Luis Barrionuevo el reciente fallo de Servini de Cubría decretando la intervención del Partido Justicialista del orden nacional, además de otros efectos, también puso sobre el tapete una cuestión que el ministro Frigerio se encargó de perfilar señalando que se advierte una excesiva injerencia de la justicia en la vida de los partidos políticos.

¡Aleluya! Hace mucho tiempo que desde Onda Política venimos denunciando -por cierto sin éxito alguno- el avance de la justicia electoral sobre la vida y el funcionamiento institucional de los partidos políticos.

Los que hoy se rasgan las vestiduras por la resolución de la Dra. Servini de Cubría decretando la intervención del PJ son los mismos que aplaudieron a rabiar los engendros legales ideados por Jorge Landau a pedido de Néstor Kirchner con el único objetivo de impedir aventuras de los “rebeldes” que se llevaban votos progresistas para su molino reduciendo las chances de la agrupación que lideraba el matrimonio.

Así nació en el año 2009 durante el gobierno de la hoy multiprocesada Cristina Fernández la bochornosa ley 26.571 como respuesta a la derrota ” por muy poquito” sufrida por las huestes kirchneristas en las elecciones legislativas de ese año.

La vanidad y arrogancia de los jueces de la Cámara Electoral que pretendían -y siguen pretendiendo- reducir la cantidad de partidos y aumentar su poder, sumada a nociones nebulosas de una opinión pública fogoneada por los principales medios hizo que este engendro legislativo, que arrasó con principios elementales de derecho partidario so color de “democratizar la representación política e imponer la transparencia y la equidad electoral”, fuera tragada sin mayores cuestionamientos por una sociedad con altas dosis de ignorancia respecto de los temas electorales y partidarios.

Claro está que la vocinglería de dirigentes que hoy tacha de “excesiva y arbitraria” la injerencia de la justicia omite convenientemente aclarar que primero fue el atropello legislativo el que abrió la puerta para que los jueces pasen a la historia la “zona de reserva de los partidos” y se encumbren como omnímodos tutores de la actividad partidaria y electoral.

La figura emblemática de la actual legislación es la de las PASO, una mala imitación del sistema norteamericano que es totalmente distinto desde su conceptualización hasta su instrumentación, que como no podía ser de otra manera fracasó estrepitosamente, razón que mueve al actual oficialismo macrista a considerar la conveniencia o no de su supervivencia en una futura reforma electoral, en lugar de abogar ya por su eliminación lisa y llana.

Párrafo aparte merece el tema de la financiación electoral y de las actividades de los partidos políticos ley 26.215, otro fallido experimento legislativo apartado de la realidad que los magistrados acarician tiernamente porque incrementa su cuota de poder.

Su aplicación llevó a que hoy la mayor parte de las agrupaciones estén plagados de multas y suspensiones y muchos de sus dirigentes sometidos a una rarísima amalgama procesal entre administrativa y penal cuyas normas instrumentales son dictadas a piacere por los titulares de la CNE ejerciendo de hecho una función legislativa so capa de las lagunas dejadas por esta deficiente normativa llena de parches que deja un amplio margen para la confección de los trajes a medida con los que los magistrados de la Cámara acostumbran a alimentar las sospechas sobre su imparcialidad.

El denominador común de todos estos extravíos es la errónea, obsoleta, dirigista y contaminada plantilla de principios y objetivos sobre la que se asienta la actual legislación electoral que disecaremos en futuras entregas utilizando tanto la cuadrícula de la teoría como la de la realidad para el análisis de sus múltiples falencias a fin de hacer un aporte que sirva para la elaboración de propuestas eficaces.

Cada año que pasa marca con más fuerza el imperativo de establecer un marco legal adecuado a los tiempos que flexibilice el corsé que los adoradores de las regulaciones impusieron para una actividad que por su naturaleza se asienta en la libre voluntad de servicio de los miembros de una comunidad nacional pero que no puede desprenderse de su idiosincrasia.

No puede sino celebrarse este lanzamiento que el ministro Rogelio Frigerio tiró sobre la mesa, pero hasta que no se comprenda que no se trata de “evaluar” si las PASO le convienen o no al oficialismo o a la oposición sino de pensar en reglas de juego parejas para todos que recuperen la autonomía de los partidos políticos y pongan en su lugar a la justicia electoral.

Si no se entiende que llegó la hora de barajar y dar de nuevo introduciendo reformas reales, audaces y novedosas, se seguirá chapaleando en el mismo barro sin poder dar una respuesta efectiva a las demandas de transparencia que son clamor en la sociedad.

El emblemático de turno

Por James Neilson
Por ser de total actualidad reproducimos esta nota de Neilson publicadaen diciembre de 2010. Sólo hay que cambiar el nombre de Ricardo Jaime por Julio De Vido

Todos los gobiernos nacionales incluyen a un personaje que, por razones a veces oscuras, desempeña el papel del corrupto emblemático, distinción que en la actualidad ostenta el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Pocos días transcurren sin que surjan nuevos cargos en su contra. El más reciente consiste en que TEBA, la empresa concesionaria de la Terminal de Ómnibus de Retiro, que en teoría Jaime controlaba, le pagaba el alquiler de dos departamentos lujosos en la Capital Federal. Antes, fue acusado de enriquecimiento ilícito, ya que durante años su estilo de vida no guardaba relación alguna con sus ingresos declarados, y muchos otros delitos vinculados con temas como la compra de vagones de segunda mano a España y Portugal. El ex funcionario ya enfrenta cuatro procesamientos, de suerte que, por ahora cuando menos, será difícil que otro lo reemplace como el símbolo máximo de la corrupción kirchnerista.

Pues bien, aunque sólo fuera cuestión de un hombre tan insólitamente astuto que logró engañar al crónicamente suspicaz Néstor Kirchner, a la igualmente desconfiada Cristina Fernández de Kirchner y a otros integrantes del elenco gobernante a los que nadie calificaría de ingenuos, el asunto sería muy grave porque revelaría un grado de descontrol realmente asombroso. Sin embargo, no se dan demasiados motivos para creer que quienes conocían a Jaime, entre ellos la presidenta Cristina, ignoraran que en un lapso muy breve se había transformado de un empleado público de ingresos decididamente modestos en un magnate que disponía de aviones privados, yates, viviendas opulentas y otras manifestaciones del bienestar material. Tampoco los hay para suponer que no estuvieran al tanto de los métodos que usaba para aprovechar las oportunidades para lucrar personalmente que le ofrecía su puesto en el gobierno.

Con todo, parecería que los Kirchner y sus ministros optaron por pasar por alto tales detalles sin ni siquiera pedirle aclaraciones a Jaime hasta decidir que no les convendría continuar brindándole el apoyo al que se había acostumbrado. Puede que haya otra forma de aclarar cómo fue posible que el amigo de Néstor Kirchner se las arreglara para prosperar bajo la mirada contemplativa de políticos experimentados supuestamente comprometidos con los valores éticos que todos reivindican, pero sucede que ningún vocero oficial se ha sentido obligado a ensayar una explicación que sirviera para disculpar a los demás miembros del gobierno.

Jaime resultó ser excepcional debido a la desfachatez “menemista” con la que hizo gala de su buena fortuna, pero para que disfrutara de impunidad hasta el año pasado habrá tenido que contar con la protección de la primera mandataria, de su esposo el ex presidente y muchos otros, a los que no les habrá importado en absoluto que a juicio de una proporción muy grande de la ciudadanía fuera un ladrón de guante blanco. Si se sintieran preocupados, sería por el eventual impacto en la imagen del gobierno de la conducta de Jaime, no por entender que tolerar la presencia en una función clave de un hombre de sus características los haría cómplices de los delitos que le serían imputados.

Mientras la presidenta Cristina y sus colaboradores tengan el poder político suficiente como para permitirles mantenerse alejados del banquillo de acusados en que está sentado Jaime, éste seguirá cumpliendo el rol ingrato del emblemático solitario, pero si lo pierden, muchos tendrían que ubicarse a su lado. Por desgracia, en nuestro país la corrupción no es un vicio limitado a un puñado de individuos que se dejan tentar por la posibilidad de adquirir un patrimonio impresionante en muy poco tiempo. Es un mal sistémico que afecta a todas las instituciones y a la clase política nacional en su conjunto cuyos integrantes, motivados por lealtad partidaria o por el temor a verse marginados, no pueden sino actuar como cómplices activos o, en caso de los relativamente honestos, pasivos de delincuentes.

Puesto que cambiar esta situación, procesando a todos los sospechosos de violar la ley, daría lugar a una crisis política todavía mayor que la desatada por el desplome de la economía en el 2001 y el 2002, lo más probable es que el país tenga que continuar conformándose con el espectáculo aleccionador, pero engañoso, brindado por el procesamiento del emblemático de turno.

Restitución internacional de menores: Inexplicable demora en la reglamentación

Girl crying

En los últimos tiempos han tomado estado público varios desgarradores casos de chicos – de ambos sexos – separados de sus madres y enviados a sus países de origen por disposición de la Justicia luego de cinco, seis o más años de residir en la Argentina.

Se trata de menores que han sido sustraídos ilícitamente de su  lugar de residencia habitual por algunos de los padres – por lo general la madre que huye del maltrato doméstico – sin consentimiento del otro padre, y traídos a la Argentina donde se desarrolla el proceso denominado “de restitución internacional” que es iniciado en Cancillería o en sede judicial por el padre que permaneció en la residencia anterior y que tiene su fuente jurídica en el llamado Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores de 1980.

Por lo general este procedimiento dura varios años durante los cuales el chico va echando raíces en la nueva residencia, tras lo cual la Corte ordena su regreso a despecho de las normas del Convenio que establecen que ello procede “salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente”

Ninguna persona con un mínimo de razonabilidad puede sostener que hace falta demostrar que un chico que estuvo cinco o seis años en un lugar “ha quedado integrado a su nuevo ambiente”, salvo la Corte Suprema por supuesto.

De esta manera se tortura doblemente al niño, primero sacándolo de su residencia habitual y luego obligándolo a volver a ella transcurridos varios años cuando ya todos los lazos con el país de origen han sido cortados.

Cabe destacar que el procedimiento fijado en el Convenio internacional establece plazos breves para resolver la cuestión, lo que es muy razonable porque entonces el menor no tiene tiempo material de integrarse y el regreso es menos traumático.

Pero las normas procesales generales de la Argentina no están adaptadas a este procedimiento especial sumarísimo y por eso su resolución demora varios años perjudicando gravemente al o los infantes. Por ello es que se requiere un reglamento procesal especial que respete los breves tiempos que fija la Convención, pero a pesar de los repetidos discursos, seminarios y severas admoniciones de la Corte una misteriosa fuerza coercitiva frena los intentos de sanción una y otra vez.

Como ocurre en varios otros campos del acontecer social, dirigentes políticos, jueces, funcionarios, legisladores y periodistas se llenan la boca con los derechos de niños y adolescentes en cuanta oportunidad de boconear se les presenta, pero a la hora de los hechos concretos todo queda en la formulación de buenas intenciones.

Preocupado por esta cuestión Pedro Braillard Poccard presentó en noviembre de 2016 un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento y hacerlo compatible con el Convenio de La Haya, pero por la tradicional indolencia radical u otra misteriosa razón desconocida el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto  Ing. Julio Cobos lo tiene en el freezer desde esa época, conducta que algunos mal pensados adjudican al objetivo encubierto de que de nuevo caduque a fin de año y todo quede en aguas de borraja.

Si bien este es un año electoral en el que la actividad parlamentaria es mínima, Cobos, si tuviera un poquito de respeto por el sufrimiento de esos niños, quizás podría hacer un esfuerzo e impulsar el tratamiento del proyecto en trámite a fin de colaborar en la solución de este doloroso tema que desgarra la vida de seres humanos indefensos, salvo que como algunos piensan haya oscuros intereses que hacen de la mora un pingue negocio para ciertos abogados y funcionarios que lucran con el dolor de seres indefensos ayudados voluntaria o involuntariamente – eso no hace a la cuestión – por legisladores como el Ing. Cobos que sin motivo retrasan la solución.

Las paso son sólo una parte del problema

Por Luis Orea Campos

Desde que el Informador Público puso sobre el tapete la cuestión de la evidente inutilidad de las PASO se han sucedido en los días posteriores una serie de declaraciones del más alto nivel político – repicadas por los medios – a favor y en contra del mecanismo electoral inventado por Jorge Landau a pedido de Néstor Kirchner después de la derrota de 2009.

Hay quien todavía sostiene, como José Di Mauro desde el Parlamentario, que tan inútiles no son porque se han utilizado mucho en el interior del país. Sin embargo de tan respetable opinión, cabe señalar que el declamado objeto de la ley 26.571 no era que sean utilizadas sino que sirvieran para oxigenar el sistema de partidos, algo que no sucedió ni remotamente.

Tal fracaso no tiene nada de extraño desde que la finalidad real de este esperpento era establecer una especie de corral para que nadie pudiera escamotarle votos al PJ corriendo “por afuera” – como le pasó a Kirchner con el inefable Sabattella en las legislativas de 2009 – so pena de quedar aislado.

Por diferentes razones e intereses particulares partidos políticos, jueces, periodistas, medios y funcionarios compraron el engendro de la ley 26.571 pensando muchos de ellos con supina ingenuidad que contribuiría sustancialmente a reducir el número de partidos y depurar el espectro electoral lo que por supuesto objetivamente no ocurrió.

Como sucede a menudo en este país las discusiones sobre la efectividad de las PASO para “democratizar la representación política” pueden terminar tapando el verdadero problema que es mucho más amplio que esta especie de ley de lemas sui generis nacida de la mente turbulenta del desaparecido ex presidente.

En efecto, es todo el sistema electoral y partidario el que debe ser revisado, previa derogación de la totalidad de la ley 26.571, no sólo la parte de las PASO, porque como ya se ha señalado antes, la salud de las democracias depende de ese mísero detalle técnico llamado sistema electoral.

Esta tarea comprende las leyes 23.298 orgánica de los partidos políticos, 26.215 de financiamiento partidario, 19.945 Código nacional electoral y la vetusta 19.108 de Justicia Electoral.

Los tímidos retoques ensayados sin éxito por Adrián Pérez no conducirán a resultado efectivo alguno porque este tema ya no admite más parches ni experimentos de novatos pomposamente bautizados con el remanido latiguillo de “reforma política”, denominación ésta repugnante a la razón desde que la política no admite reformas por decreto sencillamente porque es la resultante de los valores imperantes en una sociedad en un momento histórico dado.

Es necesaria una especie de “Corpus Iuris Comitiae” que en un solo digesto aborde todos estos temas en forma sencilla, coordinada y ajustada a la realidad social y política de esta época, dejando de lado delirios regulatorios de jueces y académicos que sólo buscan incrementar su poder o su fama postulando un avasallamiento de la autonomía de los partidos so color de la protección de la institucionalidad.

Cuando la dirigencia política resuelva tomar el toro por las astas y simplificar la maraña regulatoria derivada de un pésimo hábito argentino como es la legiborrea los partidos y el sistema electoral podrán comenzar la marcha hacia un mecanismo estable y duradero de reproducción de autoridades que no necesite cada cierto tiempo de “reformas políticas” y resista los arranques experimentales de improvisados alquimistas que pretenden ignorar los patrones sociológicos que guían la conducta social en el campo de lo político.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A.S.O: La gran estafa

Por Luis Orea Campos

Es difícil de creer que en un país poblado por vivillos, aventureros y expoliadores profesionales nadie se haya dado cuenta en seis años que las PASO, ese engendro electoral nacido en 2009 de la obsecuente creatividad de Jorge Landau, es otra estafa al pueblo perpetrado por la maraña de intereses retorcidos que se entrecruzan en ese verdadero pantanal en que se ha convertido la política argentina.

El eximio pensador español José Ortega y Gasset había llegado a la certera conclusión – luego de la experiencia adquirida en su breve paso por la política – de que la salud de las democracias, cualquiera sea su forma, depende de un mísero detalle: el sistema electoral.

A pesar de que la historia argentina exhibe reiteradas muestras lo acertado de su filoso pensamiento – la última fue el fraudulento “triunfo” de Alicia Kirchner por medio del sistema de lemas – esta profunda sentencia no ha entrado en la mollera de la dirigencia, la justicia y el cuarto poder bloqueada, claro está, por los intereses sectoriales de cada grupo de interés y se sigue estúpidamente utilizando una herramienta que no sirve para otra cosa que llenar los bolsillos de encuestadores, consultoras, periodistas, punteros, empresarios gráficos etc. amén de justificar la existencia de una justicia electoral cada vez más ávida de poder.

Desde estas páginas se ha insistido en más de una oportunidad que la malhadada ley 26.571 el invento más pernicioso surgido de la codicia de poder de Néstor Kirchner debía ser derogada sin más trámite en su totalidad, pero el inefable Adrián Pérez timonel de una supuesta “reforma política” que debió haber empezado por allí prefirió nadar a favor de la corriente y dedicarse a aspectos formales como la boleta única electrónica y otras cuestiones que por supuesto eran más taquilleras para él y otros en términos de promoción mediática.

Una justicia electoral que trabaja año de por medio, grandes medios de comunicación, periodistas ignorantes, opinólogos de ocasión, empresarios gráficos, ratas de gabinete, y académicos que nunca vieron de cerca ni la puerta de un comité, entre otros, aprovecharon el cebo lanzado por Kirchner y celebraron una alianza tácita para impulsarlo en beneficio propio con el supuesto objetivo de “oxigenar el sistema”, liquidar a los partidos chicos y orientar a la opinión pública hacia un bipartidismo tipo americano.

Tampoco la sociedad argentina aceptó ingenuamente participar de este experimento multipropósito, porque como decían en una famosa película “es cierto que los políticos mintieron al decir que hacían el bien pero el pueblo también mintió al decir que les creía”. Todos complotados para gastar miles de millones en algo que todos sabían que era absolutamente inútil.

Ahora el conductor estrella de TN Nelson Castro se horroriza por el tremendo gasto estéril que implican las PASO, le costó seis años llegar a la conclusión de que objetivamente el invento fue un rotundo fracaso y perdura sólo por la indiferencia de la gente y los intereses de los vivillos de siempre porque en rigor de verdad ya nadie cree que las famosas PASO sirvan para la “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” como reza el ampuloso título del ratón que parió la montaña kirchnerista.

Ninguno de los supuestos males que iba a corregir la ley 26.571 sufrió el menor sobresalto y siguen todos vivitos y coleando. La ley de hierro de la oligarquía sigue funcionando a despecho de las altisonantes declaraciones de democratización y de las disquisiciones de sesudos ensayistas de doctrina que pierden lastimosamente su tiempo analizando las causas del fracaso.

Mucha de la culpa de esta pérdida de tiempo la tienen los jueces electorales que ávidos de más protagonismo se dedicaron a utilizar la legislación para convertirse en los dueños del sistema de partidos con el resultado de que hoy ya los partidos son poco menos que ficciones jurídicas  que se usan según las necesidades del cliente, a tal punto se ha prostituido al extremo el funcionamiento de estos “instrumentos fundamentales para la democracia” según reza la retórica constitucional.

El partido que recibe los fondos públicos de la DINE es un milagro de Dios, la mayoría no ven un peso porque están llenos de multas por H o por B mejor sería que se retire todo apoyo estatal y se deje que cada uno se arregle por su puño no cambiaría mucho la situación porque hoy la lista de los multados es más larga que la esperanza de los venezolanos

El partido justicialista, sin duda el más importante del país, es una entelequia. Sus dirigentes sólo son nombres en una planilla. Una dirigencia estupefacta por la dinámica política no registra los cambios que han introducido a caballo de los avances tecnológicos y  todo se reduce a romper la piñata para ver que caramelo se puede atrapar en la rebatiña. ¿Esto es política?

Salvo dos o tres casos puntuales el resto de las elecciones internas abiertas fue un fiasco total donde el dedo del que tiene los fierros pone los candidatos a su gusto y paladar y lo demás es puro cuento como dice el tango. Si en verdad hay ánimo de corregir los desbarajustes que dejó el cristinismo es indispensable empezar por el principio y derogar la ley 26.571 en su totalidad porque no tiene nada rescatable y volver al principio para elaborar un sistema racional y ajustado a nuestra realidad.

Vale decir que la cuestión pasa por que la sociedad asuma en serio que el problema de la política ya no pasa –  ni nunca pasó –  por la dispersión de la representación política ni por la atomización del espectro partidario sino por la racionalidad y el altruismo que falta en todo el arco político donde nadie piensa en la verdadera función del Estado y de la política sino en aniquilar al adversario y usufructuar las mieles del poder por el poder mismo.

Por eso la opinión pública debe exigir el final de esta gran estafa llamadas PASO y no creer en fatuas proclamas de ocasión proferidas por hábiles declarantes hasta que se anuncie la derogación total de la ley 26.571.

Los partidos políticos y el inútil tutelaje estatal

 

Desde hace mucho tiempo hay en ciertos cenáculos académicos, parlamentarios y judiciales una tan extendida como infundada creencia de que es posible convertir a los partidos políticos en una especie de templos de civismo mediante un molde jurídico ideal cimentado en tan profusas como ineficaces regulaciones legales de la actividad partidaria para así satisfacer algunas tan legítimas como líricas aspiraciones de una opinión pública descreída de las instituciones políticas.

Tal concepción parte de una anacrónica visión autoritaria que pone al Estado – a través del poder judicial – como un vigilante cuestor del cumplimiento de reglas excesivas que no hacen sino entorpecer la vida partidaria y desnaturalizar  la esencia de ese instituto contribuyendo así a la decadencia que lo aqueja imponiendo exigencias que no se compadecen con su virtualidad constitutiva.

No por nada el primer esbozo de encorsetamiento legal de los partidos nació en una dictadura: fue la pretensión del dictador José Félix Uriburu de perpetuarse “democráticamente” materializada por la pluma de sus amanuenses la que dio a luz el decreto 4 de agosto de 1931. Esta concepción filoleninista del partido político subsiste hasta nuestros días.

Volviendo a la actualidad, lo paradójico del caso es que esa abusiva intromisión del Estado en lo que la Suprema Corte calificó en varios fallos como “zona de reserva” de los partidos en lugar de contribuir a la maduración de esas instituciones las asfixió y redujo – justicia electoral mediante – a meras referencias dispersas y anárquicas existentes sólo en los papeles cuyos dirigentes tienen como máxima aspiración integrar alianzas lideradas por una o más figuras poseedoras de cierta expectativa pública para acceder colgados de ellas a cargos electivos o ejecutivos y sus correlativas sinecuras.

Un botón de muestra de la obsolescencia de la legislación vigente en la materia está en el inciso c) del artículo 7 de la ley 23.298 regulatoria de la actividad, el que impone como requisito para la obtención de la personería jurídico política la presentación de una “declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución” y en el artículo 22 que exige una “plataforma electoral”  para participar en elecciones.

Cualquiera que haya transitado por las estructuras de un partido político sabe que tales documentos meramente formales no reflejan ni remotamente la realidad de las agrupaciones, y por lo general sólo las leen quienes las escriben porque son una mezcla indigerible de confusas expresiones de deseo y compromisos jamás cumplidos.

Las regulaciones han desfigurado y secado tanto el tuétano a los partidos a punto tal que hoy sus esqueléticas estructuras no tienen más remedio que unirse en las llamadas alianzas transitorias hoy protagonistas excluyentes del escenario electoral gracias a que la legislación les había dejado un amplio margen de acción exento de la asfixiante regulación de los partidos mencionándolas sólo en un par de artículos, aunque hoy ya se ha inmiscuido mucho más en ellas a partir de la malhadada ley 26.571.

De fuentes intelectualoides como las mencionadas al principio de esta nota es de donde surgen  ideas brillantemente equivocadas como que la eliminación de las listas sábanas – en rigor técnico listas bloqueadas o cerradas – la reducción de la cantidad de partidos, la proliferación de controles judiciales o las internas abiertas y simultáneas van a menguar significativamente el poder de las oligocracias partidarias favoreciendo la transparencia del financiamiento y el oxigenamiento del sistema de partidos.

La realidad ya ha demostrado el rotundo fracaso de tales pretensiones pero la mentalidad analógica de los encargados de proveer al electorado de mecanismos de selección adecuados se resiste a abandonar el siglo XX  y entrar en la era digital por lo que no registra las señales de una sociedad cada vez más dinámica y decidida a defender sus propias modalidades de relación y comunicación.

Por eso se insiste en la aplicación de recetas y exigencias absolutamente ineficaces  que concluyen en una virtual apropiación de los partidos por parte del Estado a través de la proliferación metastásica de regulaciones aplicadas por jueces imbuidos de la misma mentalidad decimonónica que lejos de lograr los objetivos perseguidos lo único que han conseguido es esclerosar esas “instituciones fundamentales” poniéndolas en el camino de la extinción por inanición ideológica.

Los pretensos templos de civismo imaginados por los jueces de la CNE, el periodismo y la academia son hoy ruinas humeantes que sobreviven penosamente en lo material pero sin contenido alguno en su interior donde sólo campean la ambición desmedida, la especulación y las riñas por los cargos. De proyectos y programas nada.